Hay que acreditar el 100 % del indicador público de renta de efectos múltiples por cada mes de estancia, que en 2026 equivale a 600 euros mensuales. Para un curso de doce meses eso significa 7,200 euros, a los que se suman la matrícula pagada y el costo del viaje de regreso. Si el curso dura menos, la cifra se calcula de forma proporcional.
Ese indicador es la referencia oficial que utilizan los consulados y se actualiza mediante los presupuestos generales del Estado, de modo que conviene confirmar la cuantía vigente antes de preparar el expediente. Quien viaja acompañado de familiares debe acreditar un importe adicional por cada uno.
La forma de demostrarlo importa tanto como la cantidad. Se aceptan cuentas bancarias propias, depósitos, becas confirmadas o el respaldo económico de un familiar directo debidamente legalizado, y los consulados vienen exigiendo extractos de los últimos seis meses que acrediten el origen lícito de los fondos. Un saldo que aparece de golpe pocos días antes de la cita levanta sospechas.
Un detalle operativo que cuesta caro: los documentos bancarios no deben tener una antigüedad superior a diez días en el momento de la cita consular. Y todo documento extranjero debe llevar la Apostilla de La Haya y traducción jurada al español.